Este jueves se aprobó en la Cámara baja bonaerense
la iniciativa que prevé la donación por parte de emprendedores inmobiliarios de
tierras para la puesta en marcha de un programa de viviendas sociales.
El proyecto de ley para el acceso justo al hábitat impulsado por el
oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados bonaerense logró su primer
paso y recibió media sanción. Si bien generó polémica y su aprobación estuvo en
dudas horas antes del inicio de la sesión, en el recinto una mayoría aplastante
de los diputados presentes convalidaron la iniciativa.
Ahora la pelota quedó en manos de los senadores, que buscarán darle agilidad
al tratamiento legislativo, en similares condiciones que lo hizo la Cámara
baja.
El proyecto busca facilitar la gestión y generación de proyectos
habitacionales de urbanización social en la provincia de Buenos Aires y prevé
que los desarrolladores inmobiliarios donen tierras para viviendas sociales.
Como se destacó de antemano, de conseguir la aprobación final en la Cámara alta
y su promulgación posterior, la norma afectará a los desarrollos urbanos futuros
y dejará exentas a las construcciones realizadas con anterioridad.
De promulgarse el proyecto, los nuevos countries, barrios cerrados, clubes de
campo y grandes emprendimientos inmobiliarios (superiores a 5.000 metros
cuadrados) deberán ceder un 10% de su superficie neta o su equivalente en dinero
para viviendas sociales.
El éxito de la iniciativa tuvo como protagonista al presidente de Diputados
bonaerense, Horacio González, según destacaron varios legisladores. “Es la
persona que articuló las acciones para que todos los bonaerenses puedan tener
esta ley del hábitat”, afirmó en su intervención el presidente de la bancada
radical, Wálter Carusso.
Sucede que la iniciativa de los kirchneristas Alicia Sánchez, Alberto España
(ambos FpV-PJ), y Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) corría serio riesgo de
congelarse a su estudio en comisión. Entre las últimas horas del miércoles y
hasta el mediodía mismo de ayer, Horacio González debió “articular” con la
oposición puntos de encuentro y se logró el acuerdo.
El peronista disidente Jorge Solmi destacó la existencia de “una Cámara lo
suficientemente abierta para consensuar artículo por artículo”. También reclamó
“que no se agote en este recinto sino que sean otros recintos los que sigan este
camino”.
Grupos numerosos de organizaciones sociales llegados desde distintos puntos
del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata siguieron desde temprano las
alternativas del debate y, con pancartas, banderas, consignas y aplausos,
rubricaron entusiasmados el trámite positivo de la iniciativa.
Los coautores del proyecto –Sánchez y España– coincidieron en que el precepto
normativo promueve la generación y facilita la gestión de proyectos
habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de
barrios, además de abordar integralmente la diversidad y complejidad de la
demanda de viviendas, desalentando al mismo tiempo las prácticas
especulativas.
“Equidad, igualdad e inclusión social; contribución a la paz social” y una
herramienta para que “los sectores populares no tengan nunca más que tomar
tierras”, fue uno de los pasajes más contundentes de la argumentación
oficialista.
Miembros de otras bancadas respaldaron en general la iniciativa, aunque con
algunas objeciones en particular, al momento de votar. El bloque de Unión
Celeste y Blanco fue el único que rechazó la propuesta al sostener que
enfrentarán “todo lo que avasalle la propiedad privada”.
Los legisladores que responden a Francisco de Narváez afirmaron que la
iniciativa “deja al descubierto el fracaso rotundo de la política habitacional
llevada adelante por el Gobierno a través del Plan Federal de Viviendas y el
Pro.Cre.Ar” y opinaron que se quiere “responsabilizar a unos argentinos de lo
que les sucede a otros profundizando las divisiones sociales”.
El proyecto –marcaron los expositores del oficialismo– se asienta en la
premisa básica de que el Estado es quien aporta la infraestructura mínima que
permite el uso y la urbanización de terrenos, en suma, mejoras que aumentan el
valor del inmueble.
Con la ley en cuestión, los municipios pueden hacerse de terrenos, cuando
autoricen grandes emprendimientos urbanísticos, para desarrollar planes sociales
de viviendas.
En conjunto con la ley de acceso justo al hábitat fue aprobada la iniciativa
por la que se pide la eximición de todos los tributos aplicables para remover
las vallas impositivas que convierten en costoso para el Estado nacional y los
beneficiarios el alcance del Programa Crédito Argentino del Bicentenario
(Pro.Cre.Ar) para el acceso a la vivienda única familiar.
Fuente: DiarioBAE
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