El sábado 28 de mayo, Pedro Miguel Morales, internado en el Hogar de Ancianos San Martín, intentó suicidarse.
O hizo un acting, un como que.
Se subió a la cornisa y el personal de seguridad pudo agarrarlo antes de la tragedia.
¿El motivo?
Sus compañeros lo habían increpado por prestarse para un spot de propaganda electoral del Gobierno porteño.
Y Pedro –que ya había tenido otros episodios suicidas– se fue a la terraza.
Se supo estos días que Morales es depresivo crónico, y está medicado con fluoxetina (Prozac).
Su condición no habría logrado conmover a los genios publicitarios del Gobierno de la Ciudad, que decidieron usarlo de cualquier modo para las elecciones del 10 de julio.
La campaña mediática que utiliza su relato tercerizado se llama “Historias para creer”; se la puede ver en televisión y en el sitio buenosaires.gov.ar.
Un lema en videograph anticipa el mensaje al comienzo de cada una de las piezas publicitarias: “Esta es la historia de Pedro y quien mejor la puede contar es Pedro”.
Pero Pedro no la cuenta, se la cuentan. Es otro “Pedro”. Una voz en off, que tampoco sería la suya, lo retrata.
Esa voz ausente aprovecha para decir que en Warnes 2650, el domicilio del Hogar, encontró “razones para vivir”, cuando la cámara lo muestra vestido de murguero, en una estética de cumpleaños que ya es santo y seña del PRO.
En general, la propaganda del gobierno macrista la manejan dos empresas publicitarias cool: Madre y La Comunidad.
No se pudo determinar quién realizó los cortos, pero sí que fueron hechos en un contexto radicalmente diferente: le pidieron a 18 entrevistados que dieran testimonio, pero no les avisaron que serían usados a favor de la gestión macrista.
Consultados, varios expresaron su enojo. Uno de ellos dijo que iniciaría juicio a la Ciudad.
La utilización de imágenes de beneficiarios de servicios es habitual en este Gobierno. La “Tarjeta Mayor” es un sistema de “beneficios” para mayores de 60 años en los que figuran los gimnasios Megatlón y conchetos restós palermitanos como La Dorita ($ 80, la cena). Pertenece al ministro de Desarrollo Social porteño. Su cláusula 14 dice: “El organizador se reserva el derecho de difundir el nombre y/o imágenes de los poseedores de las tarjetas por los medios y formas de comunicación que crea conveniente, por el término de un (1) año y sin obligación de compensación alguna”. Es decir, el Gobierno porteño otorga un derecho ciudadano a cambio de poder manipular la imagen de personas de la tercera edad a conveniencia. En lenguaje PRO: too much!
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