El detonante fue la muerte de un bebé de un año y medio, Benjamín César Santino Paja, al incendiarse el miércoles de la semana pasada un edificio que el gobierno porteño administraba en La Boca.
En ese supuesto “hogar de tránsito”, hacía una década que 120 personas vivían hacinadas y en extrema precariedad.
Por otra parte, en las cuadras que se conservan de La Veredita, en Villa Soldati, siguen viviendo en condiciones paupérrimas unas 370 familias, incluidos 1300 chicos, según el cálculo de los propios habitantes. Después del desalojo de sus vecinos, les cortaron la luz, y las ambulancias y camiones de basura dejaron de ingresar.
En una de las casillas, viven hacinadas 15 personas que el viernes pasado no paraban de llorar.
Era el dolor por la muerte de Ricardo Tolosa, un bebé de apenas tres meses que había fallecido el día anterior.
Era el hijo de Daniel y Analía, de 20 y 19 años, respectivamente, que atribuyeron la muerte de Ricardo a las condiciones de vida infrahumanas a las que están sometidos. Desconsolada, Analía relató que “el bebé había nacido con problemitas de bronquios. Fue al hospital, estuvo internado 20 días, le dieron el alta y lo trajeron para acá. Pero con el frío que hizo esos días la neumonía empeoró y falleció.”
A pesar de estas condiciones tan difíciles, la mayoría de las personas en situación de calle evitan pisar los paradores de la Ciudad, que están bajo la órbita de Desarrollo Social.
La principal razón es el desmembramiento que suponen para las familias ya que, salvo uno, todos separan a los hombres de las mujeres y los niños.
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