La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, condenó la represión policial perpetrada contra familias sin vivienda que ocupaban un predio de la empresa Ledesma en la provincia de Jujuy.
El organismo que conduce Eduardo Luis Duhalde afirmó que "frente a estos hechos, la Secretaría reitera su convencimiento de que las únicas herramientas útiles para la solución de la problemática social parten del diálogo y no de la represión".
La secretaría de Derechos Humanos recordó que "el gobierno nacional, desde mayo de 2003, ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo, y efectúa un llamamiento para que se privilegie la búsqueda de soluciones pacíficas, tanto por quienes reclaman por sus derechos como por quienes tienen la tarea de mantener el orden".
En tanto, el organismo de gobierno hizo llegar "sus condolencias a las familias de los muertos en el enfrentamiento" e instó a que el conflicto "llegue a su fin sin que se produzcan nuevos episodios de violencia".
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, solicitó a la Justicia que "se investigue y se esclarezcan en forma inmediata" los episodios de violencia ocurridos en terrenos del ingenio Ledesma, donde murieron cuatro personas.
"El gobierno nacional repudia los hechos de violencia sucedidos en la ciudad Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy, y solicitamos a la justicia que, en forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”, señaló el ministro en un comunicado.
El titular de la cartera Política sostuvo que “también le hemos pedido al Gobierno provincial que separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad en estos hechos”.
El ministro agregó que “es necesario también que se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”.
Randazzo afirmó que “este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social" y sostuvo que "es imprescindible que se actúe rápidamente y se haga justicia”.
Los hechos.
En un gran terreno triangular, arado pero con algunos brotes de caña que emergen del suelo, se instalaron el miércoles pasado quinientas familias. Allí armaron sus carpas precarias, con palos y techos de nylon. El predio, en Libertador General San Martín, Jujuy, pertenece al Ingenio Ledesma, al que desde hace cerca de cuatro años cientos de personas sin vivienda le piden que ceda quince hectáreas para poder construir sus casas, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras disponibles.
El miércoles por la noche parecía avanzar una negociación, conducida por referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones en representación de la toma, pero ayer a la madrugada un ejército policial apareció en el lugar e invocando la orden de desalojo de un juez local reprimió con ferocidad a los ocupantes hasta entrado el mediodía.
La embestida terminó con por lo menos cuatro muertos y, según estimaban en la CCC, unos treinta heridos, varios de ellos con balas de plomo. El gobernador Walter Barrionuevo dijo que se sentía “sorprendido, impotente y con bronca” y, al igual que el titular de la Cámara de Diputados y candidato a sucederlo, Eduardo Fellner, atribuyó los hechos a motivaciones “políticas” preelectorales. Barrionuevo desplazó al jefe del operativo policial y por la noche renunciaba también su ministro de Gobierno, Pablo La Villa, responsable del manejo de la fuerza.
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