martes, 19 de julio de 2011

Caso Skanska: El cuerpo de contadores de la Corte Suprema determinó que no existieron sobreprecios.

"El caso Skanka se trata de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados", informó hoy el ministro de Planificación, Julio De Vido, en conferencia de prensa, deslindando, de esta manera, responsabilidades respecto de funcionarios públicos.

Un informe presentado por el cuerpo de contadores de la Corte Suprema y firmado por ingenieros y especialistas determinó que no existieron sobreprecios en las obras de ampliación de gasoductos realizadas en los años 2004 y 2005.

La pericia fue encargada hace casi dos años y ahora según su texto se determinó que los precios pagados para ampliar gasoductos tuvieron una diferencia originada en la "inflación, aumento de mano de obra y de recursos" usados.

Además se remarcó que la ampliación de los gasoductos Norte y Sur se hizo en menos tiempo del acordado inicialmente, algo que podría haber derivado en un aumento de costos.

Los peritos del máximo tribunal del país tildaron de "razonables" los valores erogados por el Estado para las obras, tras compararlos con los valores de mercado.

Las diferencias encontradas entre lo previsto en la licitación y lo pagado fueron atribuídas a "errores de cálculo".

La pericia fue firmada por los peritos contables de la Corte Fernanda Bergara y Oscar Fernández, además de dos ingenieros de la UBA.

En ese sentido, el ministro de Planificación Julio de Vido brindó una conferencia de prensa para referirse a esa denuncia, conocida como "el caso Skanska", que involucraba a funcionarios del Gobierno.

El ministro de Planificación sostuvo que "el caso Skanka se trata de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados", por lo que deslindó responsabilidades respecto de funcionarios públicos.

"Skanska no realizó ninguna obra como contratista del Estado nacional durante los ocho años de la administración", afirmó De Vido.

Para De Vido, “esta causa fue armada”. Explicó que “el actual ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, y el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez presentaron una denuncia frente al (entonces) juez Guillermo Montenegro”, quien involucró a funcionarios nacionales y más tarde fue nombrado ministro de Seguridad de la ciudad. “Es decir que 'uno puso el huevito y el otro se lo comió'”, graficó.



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