martes, 12 de junio de 2012

Suciedad y ratas en los paradores de Macri para las personas en situación de calle

Según las estadísticas, miles de personas acuden a paradores y refugios huyendo del frío de la intemperie. Estos, tienen la responsabilidad de brindarles protección a los sin techo, en carácter de emergencia, servicios de pernocte y alimentación. El Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de estos actores vulnerables, recibe un abultado presupuesto que hasta el momento fue parcialmente ejecutado. El caso acumula decenas de denuncias por olores nauseabundos, cucarachas, falta de asistencia profesional, sumadas a amparos judiciales y causas contra el gobierno porteño por fallas en el funcionamiento. Según organizaciones sociales y civiles como Médicos del Mundo, el Centro de Estudios Legales y Sociales Proyecto 7, el número de los sin techo estaría oscilando entre las 15 y 16 mil personas.



“Fui a los paradores de (Mauricio) Macri pero, sinceramente, es mejor la calle”, dijo Mario, quien "vive" en el parque Los Andes.
El sistema que ofrece el Estado local consta, en líneas generales, de dos tipos de dispositivos de alojamiento: Paradores nocturnos, donde las personas se presentan día a día a una determinada hora de la tarde y esperan conseguir un lugar haciendo cola. Y Hogares, donde hay plazas fijas limitadas y no se depende de la buena fortuna. Algunos son sólo para hombres mayores de 18 años, otros para mujeres con menores y uno solo que recibe a familias enteras.

Especialistas en el tema hablan de un “error de diagnóstico” para asistir a los afectados. En primer lugar hay una negativa a reconocer las estadísticas que indican que las personas en situación de calle superan ampliamente los números oficiales y que el sistema de asistencia no está preparado para cubrir la demanda.
Por otro lado, la cantidad de denuncias que existen en la Defensoría General de la Ciudad indican que el sistema entero está plagado de deficiencias que perjudican directamente a los más vulnerables. Por ejemplo, en 2007, se abrió una causa que determinó la clausura del parador Retiro que aún hoy, cinco años después, continúa en manos del juez Esteban Fournari.

El defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Fernando Martínez Lodeiro dijo: “El caso de Retiro se inició por denuncias de personas a las que no dejaban ingresar y se ramificó a las condiciones del lugar, falta de insumos, y de profesionales. Una vez que uno abre la puerta encuentra un mundo ahí dentro.” Además explicó que el juez Roberto Gallardo (titular en licencia del Juzgado Nº 2) a raíz de la denuncia “investigó todos los paradores”.

“La causa del parador Retiro sigue en trámite, porque hay anomalías que no pudieron erradicarse: habilitación de bomberos, salidas de emergencia habilitadas, si funcionan o no las canillas, por eso es casi imposible que esta causa se cierre. Hasta que el estado de los paradores no sea el óptimo uno puede seguir investigando y comprobando deficiencias”, sostuvo.
Entre las cuantiosas presentaciones que existen, en 2011, a través de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº1, a cargo de Mabel López Oliva, se interpuso un amparo por las condiciones del parador para familias Costanera Sur, requiriendo a la justicia que ordenara que la Ciudad “diseñe, presente y ejecute un plan de obras en tiempo urgente y perentorio, que contemple refacciones, remodelación y acondicionamiento”. Además, se exigió que se “garantice personal suficiente y debidamente capacitado para prestar servicio en las áreas de psicología, maestranza, y trabajo social”.

“Asimismo dado que resulta imprescindible que de manera urgente se arbitren medidas pertinentes para garantizar mínimas condiciones de seguridad, higiene, infraestructura, alimentación y salud de las personas, en especial aquellas menores de edad, que se encuentran alojadas en el CISC BAP, solicitamos que como medida cautelar se ordene al GCBA que: proceda a fumigar y desratizar el lugar”, se indicó a través del texto que describe olores “nauseabundos” “cucarachas” y “falta de limpieza”, entre otras muchas deficiencias, hasta el hecho de que “la dignidad humana se ve seriamente afectada”.

Según el Presupuesto 2012 de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Atención Inmediata, encargada de abordar la problemática de personas en situación de calle cuenta con 159.645.577 millones de pesos para este año. Durante el primer semestre de 2012, lleva ejecutado sólo el 21% de su crédito.

Según organizaciones sociales y civiles como Médicos del Mundo, el Centro de Estudios Legales y Sociales Proyecto 7, el número de los sin techo estaría oscilando entre las 15 y 16 mil personas. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social sostiene, desde su último Censo en 2011, que son 876.
Horacio Ávila, al frente de Proyecto 7 y del Centro de Integración Monteagudo, contó que en los paradores nocturnos “tenés que hacer una cola apostando a poder ser uno de los primeros para poder conseguir una plaza”. La ley dice “acceso irrestricto a todos los programas y dispositivos” pero “tenemos muchas denuncias, no sólo nosotros sino la Defensoría de la Ciudad, de que más de uno cuando fue sin documento no lo dejaron entrar. Y tendría que ser al revés: cuando yo llego sin documento a un lugar, el primero que me tiene que asistir es el Estado y estos son dispositivos del Estado. Al que no tenga documento lo tengo que meter para adentro, y a la mañana siguiente, me tengo que ocupar de que salga con las derivaciones suficientes como para que ese mismo día empiece a tramitar su documentación. Según las autoridades, eso no pasa. Según la realidad cotidiana, sí”, continuó el director del Monteagudo.

Por su parte, el licenciado Gonzalo Basile, presidente de la Coordinación regional de Médicos del Mundo Argentina/Cono Sur, remarcó que “la emergencia socio-sanitaria (el 80% de las personas en situación de calle no acceden a los servicios públicos) implica dar respuestas integrales inmediatas de protección social, pensando estratégicamente en un proceso de reforma política del Estado hacia un sistema universal e integral de seguridad social y salud”.


por Natalia Coronel y Santiago Eguía.

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