"No estamos autoacuartelados, estamos realizando una protesta para que nos expliquen a qué se debe a la baja de sueldo", dijeron los efectivos de la Prefectura. Las autoridades de la fuerza habían retirado suplementos por vivienda, por zona desfavorable, sin ninguna justificación. En la cartera de Garré atribuyeron esa decisión a un error incomprensible de la conducción de la fuerza.
En una jornada llena de nerviosismo, los efectivos de la Prefectura –sobre todo los jóvenes de baja graduación, con mayoría de suboficiales– se negaron a cumplir con su servicio en reclamo por las rebajas salariales que, este mes, redujeron sus sueldos.
La protesta, cuyos voceros no quisieron definir como un "acuartelamiento", alteró la actividad del Edificio Guardacostas, en la Avenida Madero al 200, y en la sede de la Unidad Cinturón Sur, Pinzón al 100, barrio de La Boca.
Los prefectos comenzaron el día exigiendo la restitución del nivel salarial que tenían antes de la última liquidación de haberes, en la que se modificaron los porcentajes de salario en blanco y porcentajes no remunerativos. Esos cambios se aplicaron según lo establecido por el Decreto presidencial 1307, firmado por la presidenta y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que se proponía pasar al sueldo básico, en blanco, los suplementos remunerativos –que no computan para la jubilación– del personal de la fuerza.
Un fallo de la Corte Suprema, de fecha 17 de abril, estableció que los porcentajes de aumento salarial debían computarse a partir del haber mensual y no sobre el salario bruto. Pero al mismo tiempo, la Corte ordenó que, para evitar "la duplicación" de los beneficios, el incremento aplicado sobre la suma remunerativa debía ser descontado de los suplementos no remunerativos ni bonificables.
Cinco meses después de aquella resolución de la Corte, el Ejecutivo emitió el Decreto 1307/2012. Publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, el decreto actualizó el marco legal para el cobro de los honorarios. Una de las consecuencias de la nueva normativa –no la única-- fue que una porción mayor de los efectivos quedaron incluidos dentro de la población de trabajadores que debe pagar Impuesto a las Ganancias.
Lo concreto fue que, al momento de cobrar el último sueldo, miembros de la Prefectura se encontraron con que les habían recortado los salarios entre el 30% y el 60 por ciento.
La mayoría de los afectados era quienes habían iniciado causas judiciales para reclamar en los tribunales por el pase a sueldo remunerativo de los adicionales "en negro".
El descontento se hizo visible al mediodía, bajo la lluvia, cuando los uniformados del edificio Guardacostas ocuparon la vereda y una parte de la Avenida Madero, en el Bajo. Los protagonistas de la protesta eran mayormente jóvenes, con pocos años en la fuerza, y suboficiales de la mitad del escalafón.
Según el Ministerio de Seguridad, la protesta –que algunos medios no tardaron en titular como "acuartelamiento"– fue desde el principio muy anárquica.
En las primeras horas, dos prefectos se presentaron como los voceros de sus camaradas: se llaman Fabián Meza y Miguel Ángel Verón. "Yo cobraba 7000 pesos y ahora, con 20 años de antigüedad, estoy en 4100 pesos.
No estamos autoacuartelados, estamos realizando una protesta para que nos expliquen a qué se debe a la baja de sueldo", se quejó un agente que se identificó como Pedro.
La medida de fuerza no llevaba mucho tiempo cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se presentó en persona en el Edificio Guardacostas.
Lo acompañaba el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, más personal de la Casa Militar.
La negociación pareció encarrillarse rápido pero luego se estancó. Berni pidió "24 horas" para dar una respuesta. Los participantes de la protesta se negaron. "Si no hay una solución al conflicto rápido continuaremos en el día de mañana con el autoacuartelamiento", advirtió Verón. Mientras el conflicto se extendía –tanto en el tiempo como a lo largo del país–, los prefectos comenzaron a utilizar los micrófonos para tratar de sumar a los efectivos de Gendarmería.
Para intentar acelerar la negociación, los prefectos ofrecieron a Berni y Lorenzino llevarlos hasta la Casa Rosada en una camioneta Toyota de la fuerza.
Los funcionarios se negaron, dijeron que se trasladarían con su propio vehículo. Berni recibió un petitorio que incluía –aparte de la revisión de todos los descuentos– un mínimo salarial de 7000 pesos para el escalafón más bajo, una nueva grilla de haberes, el compromiso de que los manifestantes no recibirán castigos y la creación de una mesa salarial. Los únicos episodios de violencia que se vivieron en la protesta involucraron a personal subalterno y suboficiales, por un lado, y oficiales de alta graduación, por otro. Era muy visible el malestar entre los dos extremos del escalafón.
Antes de retirarse del Edificio Guardacostas, Berni, Lorenzino y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, hicieron una revisación completa de la última liquidación de haberes dispuesta por la Prefectura.
La revisión encontró algunas injusticias: las autoridades de la fuerza habían retirado suplementos por vivienda, por zona desfavorable, sin ninguna justificación.
En la cartera de Garré atribuyeron esa decisión a un error incomprensible de la conducción de la fuerza.
Negociación
La propuesta
Anoche, en Olivos, el gobierno resolvió cuál será la oferta para descomprimir el conflicto: restituirá los "suplementos" a los 5000 prefectos que tuvieron recortes salariales. La única condición será que renuncien a las medidas cautelares de la justicia.
Un conflicto con muchos años de judicialización
El Decreto 1307 pretendía dar cuenta del desorden administrativo que reina entre los efectivos de las fuerzas desde la década del '90.
Producto de la coexistencia de porcentajes en blanco y adicionales no remunerativos, un sector numeroso de los efectivos de las fuerzas de seguridad y militares –tanto sectores en actividad como jubilados– recurrieron a la justicia a través de presentaciones cautelares.
Así consiguieron fallos favorables que les concedían los conceptos no abonados. Como los jueces intervinientes aplicaron coeficientes de actualización muy variados, que aparte beneficiaban a grandes estudios jurídicos, el tema llegó hasta la Corte Suprema que en una resolución puntual –la causa Zanotti, Oscar c/ Ministerio de Defensa– comunicó a los magistrados que la potestad para determinar los salarios de la administración pública es exclusiva del Ejecutivo.
En ese fallo, la Corte Suprema también determinó que los aumentos salariales dispuestos por el Ejecutivo –que suelen concederse a través de decretos presidenciales– debían aplicarse sobre todo el haber mensual, y no sobre el salario bruto.
La resolución del máximo tribunal buscaba ordenar las diferencias que subsisten entre los miembros de las fuerzas, ya que algunos tienen causas judiciales, con cautelares favorables que les incrementaron los haberes, mientras que otros efectivos –que no se presentaron ante los tribunales– sólo cobran el importe que establece el escalafón. Una de las razones que llevó al fallo de la Corte fue el criterio disímil –hasta sospechoso– que aplicaban los jueces para las fórmulas de actualización de los salarios, que variaban en cada causa.
por Martin Piqué.
El Decreto 1307 pretendía dar cuenta del desorden administrativo que reina entre los efectivos de las fuerzas desde la década del '90.
Producto de la coexistencia de porcentajes en blanco y adicionales no remunerativos, un sector numeroso de los efectivos de las fuerzas de seguridad y militares –tanto sectores en actividad como jubilados– recurrieron a la justicia a través de presentaciones cautelares.
Así consiguieron fallos favorables que les concedían los conceptos no abonados. Como los jueces intervinientes aplicaron coeficientes de actualización muy variados, que aparte beneficiaban a grandes estudios jurídicos, el tema llegó hasta la Corte Suprema que en una resolución puntual –la causa Zanotti, Oscar c/ Ministerio de Defensa– comunicó a los magistrados que la potestad para determinar los salarios de la administración pública es exclusiva del Ejecutivo.
En ese fallo, la Corte Suprema también determinó que los aumentos salariales dispuestos por el Ejecutivo –que suelen concederse a través de decretos presidenciales– debían aplicarse sobre todo el haber mensual, y no sobre el salario bruto.
La resolución del máximo tribunal buscaba ordenar las diferencias que subsisten entre los miembros de las fuerzas, ya que algunos tienen causas judiciales, con cautelares favorables que les incrementaron los haberes, mientras que otros efectivos –que no se presentaron ante los tribunales– sólo cobran el importe que establece el escalafón. Una de las razones que llevó al fallo de la Corte fue el criterio disímil –hasta sospechoso– que aplicaban los jueces para las fórmulas de actualización de los salarios, que variaban en cada causa.
por Martin Piqué.
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