La Procuradora General de la Nación lo dijo al dejar inaugurado el encuentro
“Por una Justicia Legitima” que nucleó a cientos de jueces, fiscales, defensores
y funcionarios del Poder Judicial.
La jefa de los fiscales fue ovacionada cuando, tras historiar la pérdida de
derechos sociales, previsionales y laborales con la políticas neoliberales, se
preguntó “dónde estaban las asociaciones de magistrados, el interés por la
independencia de la justicia, dónde estaban la cautelares que son furor
hoy”.
En un discurso de tono fuertemente crítico a las pautas de funcionamiento de la justicia, Gils Carbó dijo que el objetivo de la reunión no era modificar las reglamentaciones internas del Poder Judicial sino “el paradigma del juez impasible frente a la desigualdad de las partes, mientras esta desigualdad se traslada a los pleitos”.
En un discurso de tono fuertemente crítico a las pautas de funcionamiento de la justicia, Gils Carbó dijo que el objetivo de la reunión no era modificar las reglamentaciones internas del Poder Judicial sino “el paradigma del juez impasible frente a la desigualdad de las partes, mientras esta desigualdad se traslada a los pleitos”.
Medio millar de magistrados
colmaron el auditorio de la Biblioteca Nacional en la primera de las dos
jornadas del encuentro, que mañana culminará con talleres y exposiciones, en
tanto que la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez realizó el
cierre de hoy.
Entre los primeros oradores figuraron el juez de casación
bonaerense Daniel Carral; Alejandro Slokar, integrante de la Cámara nacional de
Casación Penal y Alicia Ruiz, del Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires,
quienes agregaron matices al reclamo común de “reconciliar la justicia con la
ciudadanía".
También participó el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni; el
presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; la ex presidenta de la
Cámara de Casación, Angela Ledesma; los jueces federales Carlos Rosanki, Mario
Portela, Fernando Povina, Juan Carlos Reinaga, y los fiscales Mónica Cuñaro,
Jorge Auat, Ángel Osorio y Felix Crous, flamante titular de la Procuraduría
contra el narcocrimen, así como el dirigente judicial Julio Piumato.
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, invitada como símbolo del compromiso de la convocatoria de los derechos humanos, según un folleto repartido entre los presentes, recordó las décadas que tuvieron que esperar para encontrar justicia al tiempo que elogió la iniciativa para que los jueces paguen impuesto a las ganancias.
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, invitada como símbolo del compromiso de la convocatoria de los derechos humanos, según un folleto repartido entre los presentes, recordó las décadas que tuvieron que esperar para encontrar justicia al tiempo que elogió la iniciativa para que los jueces paguen impuesto a las ganancias.
Gils Carbó recordó que la
convocatoria había surgido del rechazo a una declaración corporativa que
denunciaba presiones políticas sobre el Poder Judicial, pero cotejó ese
pronunciamiento con el habitual silencio de esas entidades de magistrados ante
la pérdida de derecho sociales.
Gils Carbó cargó también contra “el doble estándar en el control judicial del derecho de propiedad” y denunció los mecanismos de fórum shopping y designación irregular de subrogancias como los habituales para perpetuar a los jueces burócratas “que reemplazaron a los aristócratas de otras épocas”.
La jefa de los fiscales se manifestó por un Poder Judicial que abandone el “lenguaje encriptado” y actúe “sin feudos ni padrinazgos”, como parte de un proceso de democratización pendiente hace tres décadas.
Gils Carbó cargó también contra “el doble estándar en el control judicial del derecho de propiedad” y denunció los mecanismos de fórum shopping y designación irregular de subrogancias como los habituales para perpetuar a los jueces burócratas “que reemplazaron a los aristócratas de otras épocas”.
La jefa de los fiscales se manifestó por un Poder Judicial que abandone el “lenguaje encriptado” y actúe “sin feudos ni padrinazgos”, como parte de un proceso de democratización pendiente hace tres décadas.
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