viernes, 6 de junio de 2014

Grave ataque a la libertad de expresión del juez Ariel Lijo

En lo que puede ser interpretado como un atentado agravado contra la libertad de prensa, el juez federal rechazó este mediodía que se emita por televisión la comparecencia del vicepresidente prevista para el lunes. Resulta extraña esta censura, viniendo de alguien íntimamente relacionado con los medios, o mas precisamente con el multimedios Clarín (Ariel Lijo es ex cuñado de Gabriel Cavallo, abogado personal de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y dueño del estudio de abogados Jacoby-Cavallo-Folgueiro, representantes legales de Jorge Lanata).

"Respecto a la solicitud de que se permita la televisación en vivo de la declaración indagatoria, y en virtud a las previsiones del artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación y de los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, no ha lugar", resolvió Lijo.

El artículo 204 del Código establece que "el sumario siempre será secreto para los extraños".

A raíz de esta decisión, el vicepresidente deberá prestar declaración indagatoria el lunes en los tribunales federales de Retiro en un trámite al que asistirán el juez, los defensores y la fiscalía.

Además en la misma resolución de una carilla, Lijo adelantó las indagatorias a otros imputados y citó para el martes 10 a las 11 a José María Nuñez Carmona; para el miércoles 11 a Alejandro Vandenbroele, titular del fondo "The Old Fund" que adquirió las acciones de Ciccone.

Para el jueves 12 convocó al ex asesor de la AFIP Rafael Resnick Brenner y al yerno de otro imputado, Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick.

En último lugar será escuchado el ex dueño de Ciccone, Nicolás Ciccone, convocado para el viernes 13 de junio a las 11.

En tanto, Lijo dio curso también al trámite del planteo de nulidad hecho para con el auto de citación a indagatoria del vicepresidente por el supuesto delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".

Para ello ordenó formar un incidente separado y dar vista a todas las partes.

Sin embargo, rechazó habilitar día y hora por fuera del horario judicial "toda vez que no se dan en el caso las excepciones previstas".

En caso de no recibir pedidos de postergación, el magistrado tendrá diez días hábiles para definir las situaciones procesales de todos los citados a partir de la última indagatoria que se tome.

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