En los siete meses de gobierno de Mauricio Macri, el número de despidos en el sector público y privado ha superado los 130.000. La pobreza se elevó al 33,2%, mientras que la indigencia se ha disparado un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires y las tarifas de electricidad, agua y gas han aumentado hasta un 500%.
“Estamos a siete meses de un Gobierno que habla sóĺo de la gestión anterior para ocultar las cosas que ellos está haciendo mal”, dice Amalia Zalazar, presidenta de una cooperativa barrial de la provincia de Buenos Aires. Su organización, integrada por 29 personas, colabora en tareas de construcción, de limpieza y de salud dentro del asentamiento. Cada uno de ellos cobra un salario mensual de 3100 pesos por mes a través del Ministerio de Desarrollo Social. Son “los trabajadores de la economía popular”, como ella misma define.
El presidente Mauricio Macri “no piensa en el pobre, piensa en el rico”, añade la trabajadora. “Hasta el año pasado se estuvieron haciendo calles, cloacas, pero ahora ha quedado todo a medio hacer porque dicen que no hay fondos. Están aumentando los niños que acuden a los comedores. Hay chicos que van al colegio y que se sostienen sólo con esa comida. Estamos volviendo a años que no queríamos volver”.
Los aumentos de hasta un 500% en las tarifas de electricidad, agua y gas que estableció el Gobierno de Mauricio Macri han dejado a los barrios más carenciados en una situación límite. Algunos pueden acceder a una tarifa social con precios más bajos, pero otros no.
“Mucha gente de la zona se ha quedado sin trabajo. Hay fábricas que se estaban recuperando que están siendo cerradas otra vez. Este Gobierno dijo que iba a haber pobreza cero, pero ¿dónde está?”, se pregunta Zalazar.
La indigencia se ha disparado un 38% en el área metropolitana de la ciudad y la provincia de Buenos Aires al saltar del 5.71% en noviembre de 2015 al 7.89% en abril de 2016, según un informe del Centro de Economía de Política Argentina (CEPA) y del Instituto de Economía Popular (Indep). También aumentó la pobreza en estos últimos seis meses, que se elevó al 33,2%.
Con su llegada al poder en diciembre de 2015, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió temporalmente la difusión de estadísticas por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), cuya credibilidad fue cuestionada durante la gestión anterior.
A falta de datos oficiales sobre la pobreza, la Universidad Católica Argentina (UCA), cuyos datos son avalados por el Gobierno argentino, no arroja cifras muy distintas. En abril advirtió que 1,4 millones de personas habían caído por debajo de la línea de pobreza desde diciembre, una situación en la que se encuentra el 32,6 % de la población.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por su parte, reconoció en mayo que el número de despidos en el sector público y privado ha superado en total los 130.000. Sólo en el rubro de la construcción se perdieron 55.000 empleos, por encima de los 40.000 despidos que afectaron a la administración pública.
El Gobierno reconoce que además hay cuatro millones y medio de trabajadores informales. Sandra Maestre, presidenta de otra cooperativa en el municipio bonaerense de Villa Concepción, es una de ellos. Se dedica durante cuatro horas al día a limpiar los arroyos de uno de los suburbios vecinos, y los lindantes de una escuela en su barrio.
“Cobramos la mitad del salario mínimo, en realidad estamos subsidiados. Hemos perdido poder adquisitivo, y ya no alcanza ni aunque salgamos a hacer otros trabajos. El 50% de lo que comprábamos no se puede consumir. Tenemos los supermercados vedados. Es un ajuste muy grande en el que estamos sufriendo” dice Maestre.
La mujer sostiene que han perdido acceso a programas estatales como Conectar Igualdad, que desde 2010 entregaba netbooks a los estudiantes de secundaria para favorecer su reinserción, o el Programa Fines, que incentivaba a que los adultos terminaran su formación educativa.
“No es que antes no tuviéramos necesidad, pero ahora el Estado está ausente, y más con esta devaluación salvaje. Todos conocemos a alguien que ha perdido su empleo. El trabajo que nosotros hacemos no lo quería nadie. Ahora nos piden si hay un lugar”, relata.
En los barrios más profundos del área urbana de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, se empieza a detectar a gente que pasa hambre, añade.
“En seis meses nuestra vida cambió descomunalmente. El trabajador se siente muy desamparado. Es peligroso, porque nosotros nos quedamos quietos pero después siempre se levanta presión”, sostiene.
Los aumentos salariales negociados cada año por sindicatos y empresas y supervisados por el Ministerio de Trabajo han quedado por debajo de la inflación acumulada en el último año, que es del 44,3%, según el IPC elaborado por la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el partido de Macri.
Un informe de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Autónoma) que abarca el primer semestre del año indicó que los empleados de la administración pública “fueron los que sufrieron la mayor cantidad de prácticas antisindicales, principalmente represión y criminalización de la protesta”.
El Gobierno también ha desmantelado áreas claves de derechos humanos en distintos organismos del Estado. Un caso paradigmático fue la desaparición del portal de noticias judiciales Infojus, bajo la órbita del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el despido en masa de los periodistas que allí trabajaban.
Ana, que prefiere no dar a conocer su apellido, trabajaba como editora en este portal hasta que fue despedida en enero de 2016. La periodista recuerda que se enteró de su expulsión cuando un día acudió a trabajar y encontró deshabilitada la contraseña de su ordenador. Se empezaba a desvelar un cerco mediático de protección al Gobierno, comenta, “y nosotros fuimos de los primeros en caer”.
“Los despidos fueron pensados. No fue ignorancia ni torpeza, fue una acción premeditada, a sabiendas del trabajo que hacíamos y de la trayectoria y experiencia periodística que teníamos cada uno”, cuenta a este diario. El medio no sólo desapareció, sino que además se borraron más de 10.000 artículos periodísticos que fueron elaborados durante los tres años de su existencia.
“No querían que publicásemos notas sobre derechos humanos. Nosotros manteníamos una agenda de temas que a este Gobierno le son complicados. Eran muy importantes los delitos de trata, de lesa humanidad. Probablemente éramos el medio con mayor cobertura de denuncias de violencia de género, y eliminaron casi todos los archivos”, detalla.
Fuente: Publico.es
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