Cecilia Segura denuncia que "por falta de planificación y coordinación" del gobierno porteño, la Ciudad deberá pagar 2.000 pesos por día de multa

A través de un comunicado de prensa, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, denunció que la nueva estación de la línea H de subte, "esconde una constante en la obra pública porteña: el aumento exponencial de los costos por la falta de planificación y coordinación".

Durante la inauguración de la Estación Santa Fe, el gobierno de la Ciudad dejó trascender que las obras de conexión entre las líneas H y D demorarán 90 días. Esta situación costará a la Ciudad 2.000 pesos por día de multa por el retraso, lo que generará un sobrecosto del 35% del valor del predio expropiado para construir la estación.

Esto se debe a que en octubre de 2011, a través de la Ley 3.948, la Legislatura de la Ciudad declaró sujeto a expropiación los inmuebles afectados a la traza de la línea H, que incluía el inmueble ubicado en Av. Pueyrredón 1401, esquina Santa Fe, donde funcionaba el Bar Duero. Pese a que la ley permitía expropiar todo el inmueble, el Gobierno de la Ciudad decidió realizar una “expropiación parcial” por el 25% ya que sólo se utilizarán parte de la planta baja y el subsuelo, quedando el resto del predio a disposición del propietario original.

De este modo, se realizó un acuerdo con la propietaria del predio "Paraguay 701 SA (Bar Duero)" y se estableció un monto de expropiación de 3,6 millones de pesos. No obstante esto, las cláusulas establecían que las obras que afectaban el predio debían realizarse en el plazo de 2 años, después de lo cual la Ciudad debería pagar al propietario una penalidad de 2.000 pesos diarios durante el tiempo que durara la demora.

“El balance de la gestión de las obras de expansión del subte nos indica que con la excusa de ejecutar una política necesaria no se han cumplido criterios razonables de planificación, con demoras constantes en los planes de obras y la utilización innecesaria de procedimiento administrativos de emergencia o urgencia que atentan contra el control y la transparencia que debe tener una acción estatal como esta, que involucra una cantidad enorme de recursos públicos”, dijo Segura.

La Ciudad viene pagando multas por los retrasos de las obras desde febrero de 2015 cuando debían concluirse. Si a este plazo se suman los 90 días necesarios para concluir la conexión, llegarían a un total de 600 días de multa.

Fuente: nueva-ciudad