Allí se exime del pago de tasas "al establecimiento educacional
Jardín Materno Infantil Tribilín, ubicado en O`Higgins 591" de ese
partido del norte del conurbano.
"San Isidro tiene un sistema por
el cual los establecimientos educativos pueden obtener una eximición de
impuestos si ponen a disposición del municipio un 5% de la matrícula
para becas”, explicó el concejal Martin.
Esto "implica
que el municipio conocía al establecimiento y la actividad que se
realizaba en él, por lo cual mañana realizaremos un pedido de informe
para que se aclare cuál era realmente la situación", indicó.
Hilding
Ohlsson detalló que en agosto de 2002 su bloque impulsó un pedido de
informe dentro de la comisión de Educación para que el municipio
entregue un listado de todos los establecimientos de nivel inicial y un
detalle de los procesos de control.
"Nunca logramos
siquiera sacar un dictamen de comisión con el pedido. Para nosotros éste
es un tema muy importante porque los vecinos se quejan, por un lado de
que no hay lugares, y por el otro de que no tienen claro qué jardines
están habilitados", explicó.
El intendente de San
Isidro, Gustavo Posse, aseguró ayer que el jardín denunciado no tenía
"habilitación para funcionar como tal y sólo contaba con una aprobación
de presentación de planos".
"Se trataba de personas que
actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y
esto desembocó en la existencia de maltrato", dijo Posse, y calificó a
los responsables del establecimiento como "delincuentes con una grave
patología".
Posse aseguró que el municipio "solo
aprobó, hace 16 años, los planos del jardín, pero no hay documentación
sobre habilitación". También justificó la ausencia de un seguimiento en
"la gran cantidad de centros educativos privados" que hay en ese
partido.
Hernando Sirera, asesor legal del jardín Tribilín, aseguró hoy que el lugar estaba habilitado e inscripto como jardín maternal.
"Los
directivos me dicen que en 16 años nunca recibieron una notificación,
ni fueron avisados de que debían revertir o recomponer esa habilitación
en el orden provincial o municipal", expuso Sirera.
Sobre
el allanamiento realizado anoche a la guardería, a la que la policía
ingresó por la fuerza tras romper la puerta y luego secuestró
computadoras y documentación, el letrado dijo que "nadie solicitó las
llaves. No nos llamaron", afirmó.
"Hoy nos vamos a
presentar y estamos a disposición de la justicia para colaborar en lo
que sea necesario", dijo el abogado y aclaró que aún no tuvo acceso a la
causa.
En tanto, la directora general de Cultura y
Educación bonaerense, Nora de Lucía, abrió un sumario administrativo y
separó de sus cargos a las inspectoras regional y distrital de San
Isidro mientras dure la investigación por los casos de maltrato.
La
suspensión recayó sobre la inspectora Mónica Seal, titular de la Región
IV -que abarca los municipios de San Isidro, San Fernando, Tigre y
Vicente López-, y Patricia Naso, referente distrital de San Isidro.
A su vez, la Dirección de Educación planteó ayer una denuncia penal para que se investigue a las maestras y directivos.
La
causa contra el jardín maternal "Tribilín" salió a la luz cuando un
padre colocó un dispositivo electrónico en la mochila de su hija y grabó
a las maestras, ante la sospecha de que era maltratada.
Los
audios revelaron insultos de todo tipo hacia los niños de entre 45 días
y cinco años de parte de las maestras, y se investiga si los menores
recibieron agresiones físicas.
Sandra Rodríguez, madre
de uno de los niños que se escucha en ese audio, dijo que su hijo se
altera cuando escucha la palabra "agua".
"Mi hijo es el
chiquito al que le dicen `¿querés ir a la pileta?` porque lloraba y a
la media hora se le cae la papa y siento que le pegan un cachetazo y
llora desesperado y pide `al agua no`. Escucharlo es muy duro", relató
angustiada.
La semana próxima los niños que asistían al
jardín Tribilín serán sometidos a peritajes psicológicos y los
especialistas hablarán con ellos en Cámara Gesell, en el marco de la
investigación que se inició en los tribunales de San Isidro.
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