Dos encuestas, una realizada antes del anuncio oficial y otra después, dan muestra de la alta aprobación que tiene en la sociedad la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
En una, nueve de cada diez consultados se inclinaron por una presencia estatal en la compañía. Y en otra, el 75,9% apoyó la acción del gobierno.
Un monitoreo de tendencias económicas y sociales de OPSM –un relevamiento de 1100 entrevistas en 65 localidades– dado a conocer unas horas antes de que Cristina Fernández enviara el proyecto al Congreso de la Nación mostró que ante la pregunta de si el petróleo y el gas debían estar en manos del sector privado, de empresas mixtas o del Estado, sólo el 8,9% prefirió dejar las concesiones en manos del sector privado; mientras que un 44,9% se manifestó proclive a la articulación de empresas mixtas público privadas, y el 42,7% prefirió al Estado como único participante de la compañía.
Este mismo sondeo mostró que el 65% de los consultados reclamaba una intervención activa del Estado en el pleito con Repsol. Y el 62,1% apoyó los cuestionamientos del gobierno nacional a la empresa española por su falta de inversiones.
Además, el trabajo demostró no sólo el amplio consenso para un cambio, sino también el gran interés que genera el futuro de YPF: el 74,1% declaró que siguió cotidianamente el desarrollo del conflicto por los medios de comunicación.
Por otra parte, un estudio telefónico de 384 casos elaborado por la consultora Equis recogió la opinión fresca de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano acerca del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió el lunes al Congreso de la Nación.
El 75,9% aseguró estar de acuerdo con la medida. El 8,2% se confesó indiferente ante la noticia. El 12,2% estuvo en desacuerdo. Y un 3,7% no manifestó ninguna posición.
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