Federico Delgado los acusó de "connivencia o coordinación" para la venta de droga y armar las condiciones que llevaron a la tragedia.
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy las declaraciones indagatorias de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la causa en la que se investigan las cinco muertes en la fiesta electrónica "Time Warp".
Delgado le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que de "manera urgente" cite a funcionario del gobierno porteño: solicitó la indagatoria de "los representantes de la Dirección de Fiscalización y Control del GCBA", uno de ellos de apellido Fontanellas.
El fiscal sostuvo que aparecen firmas de funcionarios del gobierno macrista de Horacio Rodriguez Larreta en un acta que se labró el viernes a las 19 horas, poco antes del inicio de la fiesta, por la Gerencia Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal federal Federico Delgado pidió también, las declaraciones indagatorias de personal de Prefectura, de responsables del predio de Costa Salguero y de personal de la empresa de seguridad privada.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal los acusó de una "connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina" para permitir la venta de drogas dentro del predio y por el "el `armado´ de las condiciones que hicieron posible la tragedia que resultó con cinco muertes".
Delgado requirió la indagatoria del prefecto Alberto Gabriel Pandiani, del jefe de servicio Subprefecto Adrián Álvarez y de la cabo segunda Ivana Gómez. También del encargado de la seguridad interna de la fiesta apodado "El Chino" –previa identificación de su nombre–; de Ezequiel Venturino, de la empresa SISEG, responsable de la seguridad privada; de Carlos Garat, a cargo del plan de evacuación; de Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero; y de Maximiliano Ávila, apoderado de Dell Producciones, compañía que organizó la fiesta.
Delgado explicó en su dictamen que el prefecto Pandiani, quien tenía a cargo a otros 19 agentes, declaró en la causa que el sábado a las tres de la mañana "El Chino" le dio una bolsa con lo que se le secuestró en el ingreso a las personas que ingresaron a la fiesta.
Pandiani dijo que la bolsa recién fue abierta a las 7 de la mañana cuando se supo que había dos personas muertas. En la bolsa había "gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana".
"Esto demuestra que había algún tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que `hicieron la vista gorda´ para que la fiesta continuara", acusó Delgado.
"El prefecto Pandiani debería haber actuado en el momento en que llegó a su poder una bolsa llena de sustancias estupefacientes (a las 3 am), y no lo hizo. ¿Podría haber evitado la tragedia? Nunca lo sabremos. Pero sí es una clara muestra de cómo estaban dadas las condiciones para que la fiesta continuara sin importar las consecuencias", agregó.
Delgado sostuvo que existió "una especie de `zona liberada` para que pudieran comercializarse los estupefacientes dentro de la fiesta, y que terminó ocasionando las, al menos, cinco muertes y las lesiones gravísimas de quienes continúan luchando por su vida".
En la causa está vigente una orden de detención de Adrián Conci, presidente de "Dell Producciones". La defensa del empresario pidió una exención de prisión pero el fiscal se opuso y el juez Casanello la rechazó.
El fiscal federal Federico Delgado pidió también, las declaraciones indagatorias de personal de Prefectura, de responsables del predio de Costa Salguero y de personal de la empresa de seguridad privada.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal los acusó de una "connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina" para permitir la venta de drogas dentro del predio y por el "el `armado´ de las condiciones que hicieron posible la tragedia que resultó con cinco muertes".
Delgado requirió la indagatoria del prefecto Alberto Gabriel Pandiani, del jefe de servicio Subprefecto Adrián Álvarez y de la cabo segunda Ivana Gómez. También del encargado de la seguridad interna de la fiesta apodado "El Chino" –previa identificación de su nombre–; de Ezequiel Venturino, de la empresa SISEG, responsable de la seguridad privada; de Carlos Garat, a cargo del plan de evacuación; de Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero; y de Maximiliano Ávila, apoderado de Dell Producciones, compañía que organizó la fiesta.
Delgado explicó en su dictamen que el prefecto Pandiani, quien tenía a cargo a otros 19 agentes, declaró en la causa que el sábado a las tres de la mañana "El Chino" le dio una bolsa con lo que se le secuestró en el ingreso a las personas que ingresaron a la fiesta.
Pandiani dijo que la bolsa recién fue abierta a las 7 de la mañana cuando se supo que había dos personas muertas. En la bolsa había "gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana".
"Esto demuestra que había algún tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que `hicieron la vista gorda´ para que la fiesta continuara", acusó Delgado.
"El prefecto Pandiani debería haber actuado en el momento en que llegó a su poder una bolsa llena de sustancias estupefacientes (a las 3 am), y no lo hizo. ¿Podría haber evitado la tragedia? Nunca lo sabremos. Pero sí es una clara muestra de cómo estaban dadas las condiciones para que la fiesta continuara sin importar las consecuencias", agregó.
Delgado sostuvo que existió "una especie de `zona liberada` para que pudieran comercializarse los estupefacientes dentro de la fiesta, y que terminó ocasionando las, al menos, cinco muertes y las lesiones gravísimas de quienes continúan luchando por su vida".
En la causa está vigente una orden de detención de Adrián Conci, presidente de "Dell Producciones". La defensa del empresario pidió una exención de prisión pero el fiscal se opuso y el juez Casanello la rechazó.
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