La Presidenta encabezó un nuevo encuentro con empresarios, banqueros y sindicalistas, oportunidad en la que se anunciaron nuevos límites de facturación para los monotributistas y la inclusión de dos subsidios al Fondo Solidario de Redistribución que se destina a las obras sociales.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó hoy el tercer encuentro con empresarios, sindicalistas y banqueros, en cuyo transcurso se anunció la modificación de los niveles de facturación del régimen de monotributo y la inclusión de dos programas que beneficiarán a los afiliados a las obras sociales.
Al abrir el encuentro, la Presidenta pidió que “nadie tenga temor de decir lo que piensa” porque “es bueno escucharnos acá”.
Adelantó las novedades que iban a anunciar Echegaray y la Superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld.
Destacó que encuentros de ese tipo permiten que todos expongan sus reclamos. “Estamos encontrándole el agujero al mate”, bromeó.
“Sobre todo –agregó- estoy muy contenta porque la ministra de Industria y todo el sector de Economía, el viceministro de Economía, el secretario de Comercio Interior, el secretario de Comercio Exterior, me informaron de todas las reuniones parciales que hicimos después, inclusive algunas anteriores a la reunión de Río Gallegos, respecto de competitividad, con el sector de siderurgia, metalmecánico con los que hicimos varias reuniones”.
También adelantó que el ministerio de Trabajo difundirá probablemente mañana un nuevo registro sobre la cantidad de trabajadores que siguen sin estar registrados.
“Quiero también comentarles y después lo vamos a charlar con los empresarios- continuó la Presidenta- , que acabo de recibir una nota de nuestra Embajadora en México. Fue una delegación muy importante de pequeñas y medianas empresas a México y uno de los problemas que yo voy a plantear una vez que se retiren los señores periodistas es el tema de que varias de las pymes que vinieron de la misión, que me reiteraron las prácticas de abuso de posición dominante de las empresas monopólicas y oligopólicas en la producción de insumos básicos y difundidos, como en la fabricación de productos para la canasta familiar, como así también en las grandes cadenas de supermercados”.
“Síntesis – siguió- ¿qué es lo que dicen las PYMES, pequeñas y medianas empresas? Se quejan ante Defensa de la Competencia de que tal o cual empresa grande tiene un comportamiento monopólico y demás, y entonces como las empresas tienen acceso a la información por efecto de la ley y de quién es el que se queja, después le cortan el crédito, le cortan el chorro, como normalmente se dice, y terminan perjudicadas pequeñas y medianas empresas. Habla también de la posibilidad de crear un fiscal de Defensa de la Competencia, una ley que fue rechazada varias veces en el Parlamento. Vamos a discutirlo después esto, pero lo cierto es que hay quejas concretas de las pequeñas y medianas empresas que cuando hacen denuncias luego terminan perjudicadas, porque las grandes empresas hacen posición dominante. Terminan siendo castigadas y se les termina cortando el crédito, etcétera. Y esto es en toda la cadena de valor, va desde la producción hasta terminar también en los grandes supermercados”.
Dijo que “creo que estas cosas las vamos a charlar después, así que todo el que tenga que decir algo por favor le pedimos que lo manifieste en la reunión o en las reuniones sectoriales que van a tener y van a seguir teniendo permanentemente, porque estamos encontrándole en algunas cosas –dijera el paisano- el agujero al mate”.
Las medidas
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, precisó los alcances de la medida. Dijo que se tomó la decisión de “modificar los niveles de facturación del régimen monotributista, con escalas, para la prestación de servicios del límite de facturación de 200 mil pesos pasa a 400 mil; por la venta de bienes muebles pasa de de 230 mil a 600 mil pesos”.
La norma ya rige desde el 1 de septiembre último. Echegaray agregó que “todos aquellos que tengan que recategorizarse deben tener en cuenta estos parámetros”.
Echegaray explicó que la modificación de los niveles de facturación fue un tema que se analizó en la primera reunión que mantuvo la Presidenta con empresarios, banqueros y sindicalistas en Río Gallegos, en agosto último, y se adoptó luego de reuniones y análisis.
Puso de relieve que la medida alcanza a una cantidad importante de monotributista, estimando la cifra en más de dos millones y luego brindó precisiones sobre los parámetros que se aplican y distintas exclusiones previstas.
En tanto la titular de la Superintendencia de de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, anunció la incorporación de dos nuevos subsidios al Fondo Solidario de Redistribución que se destinan a las obras sociales, uno denominado Sumate, que apunta a mitigar las asimetrías de trabajos especiales y otro Suma 70, para mayores de 70 años.
Explicó que por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “hemos incorporado dos herramientas: Sumarte, que es un subsidio de mitigación de asimetrías de trabajos especiales y Suma 70, para mayores de 70 años.
Korenfeld explicó que la medida significa un 20% más de distribución de recursos.
“La incorporación de Sumate tiene en cuenta a los monotributistas, a los trabajadores sociales, agropecuarios y a los de casa particulares. La distribución del subsidios será automática y proporcional a cantidad de afiliados". Este subsidio tiene una proyección anual de 890 millones de pesos.
Respecto de Suma 70, Korenfeld explicó que se decidió luego de tomar en cuenta que muchos afiliados a obras sociales quieren seguir aportando a la misma obra social y, además, las estadísticas muestran un consumo mayor de prestación de servicios de salud a partir de esta edad. Por eso se ha incorporado nueva herramienta, Suma 70, cuya proyección anual es de 420 millones de pesos.
Destacó que a partir de la incorporación de Sumarte y Suma 70, “la proyección y el impacto anual de estas medida es de 1900 millones de pesos”.
Korenfeld explicó que “hay multiplicidad de programas; nuestra intención es alcanzar estándares de equidad y transparencia, a partir de SUR, Sano, Suma, Sumarte y Suma 70 vamos a transferir del Fondo Solidario de Redistribución a las Obras Sociales, el próximo año será de 6500 millones de pesos”.
Korenfeld explicó previamente que nuestro sistema de seguro de salud está concebido como un sistema solidario, lejos está de ser considerado un sistema de mercado, sino como un bien social, apuntando a garantizar que todos los beneficiarios sean alcanzados, ateniendo a un criterio de justicia distributiva.
Explicó que en tal sentido los subsidios a las obras sociales son herramienta donde quienes más aportan, los de mayores ingresos son los que subsidian, sostienen, ayudan a los que menos tributan.
Agregó que desde la constitución de Fondo Solidario de Redistribución “podemos trabajar en políticas de estado para reforzar el sistema de salud pública” y explicó que ese fondo tiene actualmente dos aspectos: el reaseguro y la redistribución.
Por el reaseguro se aplica el Sistema Único de Reintegro (SUR), mediante el cual las obras sociales pueden recuperar prestaciones de alto costo, medicamentos de alto costo, y prestaciones para la discapacidad.
En tanto la función redistributiva tiene, a su vez dos aspectos: dos subsidios: el SANO y el SUMA. El SANO dominativo compensa a las obras sociales cuyos afiliados no llegan al mínimo de materialización de riesgo; es una mitigación de asimetrías; compensa a las obras sociales que reciben sus afiliados que aportan en forma menor pero también y muy especialmente a las obras sociales con menos cantidad de afiliados, beneficia a las más pequeñas.
Acompañaron a la Presidenta, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi; de Planificación, Julio De Vido; y de Economía, Hernán Lorenzino; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, los secretarios de Comercio Interior, Guillermo Moreno y de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld.
Además, asistieron por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Pedro Wasiesko, acompañado por Estela Maldonado, Edgardo Llanos, Marcelo Frondizi y Gustavo Rollandi. Por la Confederación General del Trabajo (CGT), estuvieron presentes Antonio Caló, quien estuvo acompañado por los secretarios Generales de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri; de Smata, Ricardo Pignanelli, de Uocra, Gerardo Martinez, de Peones de Taxis, Omar Viviani y por el integrante de la Comisión Directiva de UPCN, Carlos Quintana.
Participaron también por la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, acompañado por Martín Etchegoyen; por la Copal, Daniel Funes De Rioja; por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), Carlos Heller; por la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y por la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario.
También fueron participes por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide; por la Confederación General Económica, Ider Peretti; por la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández; por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, (Adimra), Juan Carlos Lascurain y por la Cámara Argentina de Comercio, el empresario Alberto Dragotto.
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