La jueza Elena Liberatori ordenó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, que disponga las medidas presupuestarias y de financiamiento para la ejecución de las obras de urbanización de la Villa 20 de acuerdo a la ley 1770, las que deberán finalizar “en su totalidad” antes del 10 de diciembre de 2015.
El fallo se dictó en el marco de una causa judicial iniciada por Reinaldo Arnez Medrano, miembro de una de las familias desalojadas del Barrio Papa Francisco, y Angélica Urquiza, vecina de la Villa 20.
El fallo también ordena al gobierno porteño proveer y garantizar las partidas presupuestarias necesarias para la urbanización, otorgándole el carácter de intangible, y exhorta al Ejecutivo a extremar los medios a fin de paliar la situación de calle y precariedad en relación a las familias desalojadas del Barrio Papa Francisco el día 23 de agosto.
El anteproyecto de urbanización que deberá ser efectuado antes del 10 de diciembre del 2015, de acuerdo al plan presentado en la justicia por el gobierno porteño, contempla la apertura de calles, delimitación de calles internas, movimiento de suelos para provisión de servicios públicos, instalación cloacal, desagües pluviales, redes de agua potables e instalaciones eléctricas.
En relación a la construcción de viviendas, “se prevé una cantidad mínima de 450 unidades de tipología Pb + 1 piso y una cantidad máxima de 3.500 unidades con tipología PB + seis pisos, manteniendo planta baja para comercios y seis pisos para viviendas”.
En el amparo se solicitó una solución habitacional definitiva a cada una de las familias que habitan en la Villa 20 y a las personas desalojadas el 23 de agosto, ante lo cual la jueza exhortó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que “a través de las áreas correspondientes extreme su implementación para cumplir con la debida satisfacción de las acuciantes necesidades”.
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