El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo ayer que la sentencia por el atentado a la sede diplomática, ocurrido en 1992, “está publicada y fue consentida por las partes”. “La causa sigue abierta y no se concretó la pesquisa”, afirmó un juez consultado. El penalista Martín De la Canal señaló que “se habla de cosa juzgada cuando un acusado es absuelto o condenado”. Qué opinan los familiares de las víctimas.
La causa por el atentado a la Embajada de Israel, que dejó 22 muertos en 1992, no está cerrada ni es cosa juzgada. El proceso judicial, que por tratarse de un ataque a una delegación diplomática debe llevar adelante la Corte Suprema de Justicia, está aún en marcha. Su último movimiento fue el 13 de diciembre de 2006, según detalla el sitio web de la Corte. Allí se determinó que la investigación debía “seguir adelante” y que correspondía “reiterar las órdenes de captura”.
“Que, dado el estado de autos, corresponde seguir adelante con la investigación sin que pueda obstar a ello cuestión alguna relativa a la extinción de la acción, que de momento carecería de todo asidero”, indicaron los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueta, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti. Y, en esa misma resolución de dos páginas, los jueces insistieron en las órdenes de captura internacional contra al jefe militar de Hezbolá, Imad Mughniyieh, y Samuel Salman El Reda.
La tarea de la Corte Suprema fue puesta sobre la mesa el domingo por la presidenta Cristina Fernández, cuando reclamó avances sobre esa causa en el discurso ante la Asamblea Legislativa. La respuesta llegó ayer al mediodía de parte del presidente del máximo tribunal: "Hubo una sentencia en el año 1999, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Esa sentencia acordó cuál es la materialidad del hecho y quiénes eran los culpables. Encontró culpable a un grupo de Hezbollah”.
La acordada del 23 de diciembre de 1999, a la que hizo referencia Lorenzetti, no trató en exclusiva el atentado a la Embajada. Fue el fallo con el que se sobreseyó a Nasrim Mokhtari, una prostituta iraní a la que un brasileño, Wilson Dos Santos, vinculó con el atentado. La mujer, que aún suele deambular por los pasillos de los tribunales Federales de Comodoro Py, estaba dequiciada y fue traída a la Argentina por la SIDE. La decisión de la Corte la sobreseyó "parcial y provisionalmente" y en un segundo punto, el fallo de la entonces Corte menemista concentró "el objeto procesal de la presente causa en las líneas de investigación que se encuentran en pleno desarrollo en el expediente principal".
El fallo delimitó que la investigación debía seguir regido por dos parámetros claves: que el atentado había sido cometido por la Jihad islámica, el brazo armado del Hezbollah, y que el ataque fue hecho por una Ford F-100, comprada a un fotógrafo policial por un hombre con un documento a nombre de un ciudadano brasileño, Ribeiro Da Luz.
Nunca se supo quién era Da Luz, porque el documento era falso. Y tampoco se estableció dónde estuvo la camioneta desde que fue comprada, y la orden de captura contra Imad Mughnyah, jefe militar del Hezbollah, no tenía mayor sentido porque nunca se pudo comprobar que haya estado en la Argentina, ni de que lo hubiera estado alguien vinculado a él. La investigación fue tan mala que recién siete años después del ataque se estableció que los muertos eran 22 y no 29, como se había dicho desde 1992.
El modus operandi del ataque también fue objeto de controversias. En una audiencia pública los integrantes de la Corte se convencieron de que en el atentado intervino una camioneta. Entre los expertos convocados para el debate estuvieron uno estadounidense y otro israelí, ambos acercados por la SIDE. Y se dio por válida la adjudicación del atentado por parte del Hezbollah. También pidieron la captura de Mughnyah, a pesar de que no hubo prueba de que él o alguien de su entorno hubieran estado en la Argentina.
"Cosa juzgada"
“La sentencia está publicada y fue consentida por las partes. Nosotros no la podemos modificar. Es cosa juzgada", remató Lorenzetti durante la inauguración del año judicial y dejó la impresión de que la causa estaba cerrada. Esa definición generó reacciones entre familiares de las víctimas. Nelly Durán Gianetti, viuda de Miguel Angel Lancieri, un plomero que murió por el atentado, destacó la decisión del gobierno de avanzar con la causa. “A pesar de que no estoy de acuerdo con muchas cosas del gobierno, es la primera vez que mis hijos pudieron escuchar a una presidenta que se la juegue”, dijo.
Sin embargo, un juez consultado consideró que el concepto fue errado. “La causa sigue abierta y no se concretó la pesquisa. Y lo que está puesto en cuestión es por qué en la causa AMIA se puso empeño en las alertas rojas y no en el caso de la Embajada de Israel, donde la Corte funciona como tribunal de instrucción”, indicó.
“Sólo puede haber cosa juzgada en caso de sentencia firme y eso no ocurrió ¿Qué pasa si se presenta uno de los acusados y pide ser liberado del proceso porque el presidente de la Corte dijo que en esa causa había cosa juzgada”, agregó.
En el mismo sentido, el penalista Martín De la Canal dijo que “se habla de cosa juzgada cuando un acusado es absuelto o condenado y existe sentencia firme pero en el caso de la Embajada de Israel está mal aplicado el término”. Un planteo similar hizo un abogado que prefirió hablar en off: “No se trata de una causa cerrada sino de una causa que llegó hasta el punto de pedir las detenciones internacionales y allí está parada ahora pero de ninguna manera está cerrada”.
"Es responsabilidad de la Corte"
El expediente 143/1992 ingresó a la Corte Suprema el 24 de marzo de 1992. Desde entonces está caratulado “sumario instruido en la comisaría 15 por averiguación de los delitos de explosión, homicidio y lesiones calificadas y daños con motivo del atentado a la embajada de Israel”.
Seis años más tarde, el jefe de la Secretaría Especializada para investigar el caso, Esteban Canevari, pidió las capturas de El Reda y Mughniyieh, quien murió en Damasco en 2008. Esas mismas órdenes fueron ratificadas en 2006 por los ministros de la Corte Suprema, quienes además analizaron el planteo del padre de una de las víctimas, Carlos Susevich, quien pidió que el crimen sea considerado de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Ese pedido fue rechazado por el cuerpo.
Ayer por la noche, el canciller Héctor Timerman reiteró en conferencia de prensa que la investigación del atentado contra la embajada de Israel "es responsabilidad de la Corte" Suprema de Justicia, mientras que en el caso del ataque a la AMIA el responsable es "el Poder Judicial argentino".
Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en Casa de Gobierno tras leer una misiva que le envió días atrás el canciller de Israel, Avigdor Lieberman, donde expresaba la “importancia” de continuar con ambas causas. “Al gobierno argentino le parece importante y significativo que el gobierno de Israel marque la importancia de la necesidad de continuar la investigación" de los atentados contra la Embajada de Israel y la mutual israelita AMIA, indicó el canciller.
"La continuidad de la investigación es naturalmente de gran importancia para nosotros", escribió el funcionario israelí en la carta que leyó Timerman, quien sostuvo: “El gobierno argentino coincide con el gobierno de Israel en la necesidad de concluir la investigación y que los autores e instigadores de esos actos sean llevados ante la Justicia”.
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